Soltani fue detenido el 8 de enero en Fardis, en la región metropolitana de Karaj, tras participar en protestas contra el gobierno. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales informan que fue sometido a un juicio acelerado, calificado por algunos como “sumarísimo”, y se le acusó de moharebeh, un término legal que significa “librar guerra contra Dios” y que puede llevar a la pena de muerte en Irán.

La Hengaw Organisation for Human Rights ha señalado que Soltani no tuvo acceso adecuado a una defensa legal y que su familia fue notificada de la sentencia con muy poco tiempo de antelación. Testimonios recabados por los medios indican que solo se le permitió una breve visita familiar antes de la ejecución programada.

Este caso se enmarca en un contexto de intensa represión estatal, que, según grupos de derechos humanos, ha resultado en miles de detenidos y varios muertos entre los manifestantes desde el inicio de las protestas a finales de 2025, convirtiéndose en una de las crisis más graves del régimen desde la revolución de 1979.

La posible ejecución de Soltani ha suscitado condenas y advertencias de repercusiones por parte de actores internacionales. Informes indican que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán sobre “medidas muy severas” si se llevan a cabo las ejecuciones de manifestantes, aunque no se han especificado acciones concretas.

Los grupos de derechos humanos consideran esta pena una violación de derechos fundamentales y garantías procesales, instando a la comunidad internacional a intervenir para impedir la ejecución y exigir juicios justos para todos los detenidos por participar en protestas pacíficas o políticas.

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