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    Redaccion4 June 02, 2023

    Varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados organizaron una audiencia pública para debatir alcances del proyecto de ley “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”.

    Esta iniciativa fue presentada por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), y apunta a constituirse en una herramienta integral de lucha contra la pornografía infantil y otros cyber delitos.

    La actividad fue coordinada por la Comisión de Ciencia y Tecnología y contó con una amplia participación multisectorial.

    Acudieron representantes del Ministerio Público; el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; el Ministerio de Educación y Ciencias; la Policía Nacional; el Ministerio de la Defensa Pública; la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC); y la Coalición de Datos Personales.

    El proyectista, Rodrigo Blanco, se mostró optimista ante la posibilidad de lograr consensos y obtener la media sanción del documento antes del final de presente periodo parlamentario.

     

    Ciencia y Tecnología 02 850.jpgEsto, teniendo en cuenta que el interés es total, pero surgieron aportes oportunos e interesantes que enriquecerán la propuesta, según esgrimió.

    El legislador acotó que se buscará una ley que actúe como herramienta efectiva, ya que nuestro país ha ratificado su cooperación ante la Convención sobre la Ciberdelincuencia, donde se pide la previsión de medidas legislativas para la lucha contra la pornografía infantil, entre otros puntos.

    “Es necesario ajustar la legislación para combatir la impunidad con respecto a las denuncias recibidas y los materiales remitidos y colectados, que son categorizados como pornografía infantil”, afirmó.

    Igualmente, habló sobre datos estadísticos, pues en el año 2018 se recibieron unas 521 denuncias; en el 2019, unas 960 denuncias, en el año 2020, unas 915 denuncias y en el año 2021 se han procesado 2.796 denuncias de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes.

    Explicó que en un gran porcentaje, ante la imposibilidad de identificar a los autores de dichos materiales, las denuncias finalmente son archivadas.

    El congresista añadió que esta propuesta también contempla delitos como el Grooming, el Phishing, entre otros.

    Obligación de conservar datos

    Ciencia y Tecnología 04 850.jpgCabe recordar que el documento en cuestión apunta a regular el manejo de datos de tráfico por parte de personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios de Internet.

    La intención es obligar a estas prestadoras a conservar los datos de tráfico generados o utilizados, de manera a combatir la pornografía infantil.

    El objeto es que los sujetos obligados proporcionen informes que permitan la identificación del protocolo de Internet (IP) del usuario, a requerimiento fundado del Ministerio Público, por medio de sus agentes fiscales, vía juzgado competente, para el entendimiento de causas de pornografía infantil y hechos punibles conexos.

    El diputado Blanco refirió que según encargados de operativos internacionales contra la pornografía infantil, el número de personas identificadas en estas redes criminales sería muy superior si los proveedores de conexión a internet no ofreciesen el mismo número de IP a diferentes clientes.

    Las medidas dispuestas en el proyecto buscan dotar al Ministerio Público de herramientas para el cruzamiento de datos, atendiendo a que las unidades especializadas y técnicas no cuentan con estas informaciones que son imprescindibles para la investigación.

    El documento establece que las entidades prestadoras de servicios de telecomunicaciones deberán establecer los mecanismos internos correspondientes para adecuar sus instalaciones y procesos, de modo a brindar respuestas prontas y efectivas a los requerimientos del Ministerio Público.

    En esencia, se dispone que los proveedores de internet deban conservar los datos de tráfico de las comunicaciones por un período mínimo de 12 meses.

    Un apartado señala que el incumplimiento de las obligaciones previstas será considerado “infracción muy grave” y será sancionada con multa de hasta 1.000 jornales mínimos por cada caso, independientemente de la responsabilidad penal.


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